La recalificación de los choferes profesionales constituye un requisito contemplado en la Ley No. 109 Código de Seguridad Vial, y que guarda estrecha relación con la accidentalidad. Por tal motivo, en nuestra empresa, los conductores realizaron el examen psicométrico y la correspondiente recalificación, según lo establece el artículo 263 del Código de Vialidad y Tránsito, cada dos años.
Se trata de una obligación entrelazada con la seguridad vial y la vida humana, por demás instituida en ley, complementada con varias resoluciones que hacen a la administración de cada entidad estatal, responsable de la recalificación de los choferes bajo su amparo.
No importa el tiempo de experiencia de un chofer, cada año se introducen señales nuevas que los conductores a veces desconocen, otros modos de parqueo, y siguen saliendo resoluciones complementarias que enriquecen y rejuvenecen la Ley No. 109 que data del 2010.
La recalificación se realiza en las empresas o las escuelas de educación vial y conducción y según el Artículo 301 de la mencionada Ley, no es opcional, resulta un paso obligatorio para el conductor de un vehículo a encargo estatal, mientras el Artículo 298 estipula que los responsables de cumplir dicho proceso son las administraciones, pues violarlo implica cometer una infracción de tránsito y una contravención.
Dicho artículo establece «la recalificación de los conductores profesionales, con carácter obligatorio, cada dos años, y su preparación técnica y capacitación periódica, en correspondencia con sus obligaciones y prohibiciones en materia de seguridad vial, con la categoría ocupacional, sus funciones y responsabilidades».
Los accidentes relacionados con la carga y transporte de material en cantera suelen ser atropellos, colisión entre vehículos y vuelco de vehículos, entre otras causas imprevistas, que pueden ocasionar dolorosas pérdidas de vidas humanas.
Esto reafirma la necesidad de seguir insistiendo en la preparación sistemática de choferes profesionales, quienes tienen una gran responsabilidad laboral, además de preservar los recursos del Estado. Las administraciones son las responsables en garantizar que los conductores profesionales que tienen en su plantilla efectúen la recalificación.
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